Una acción de tutela interpuesta alertó sobre un presunto brote de viruela del mono en el complejo penitenciario El Pedregal, en Medellín. La medida judicial, liderada por el defensor de derechos humanos Jorge Alberto Carmona Vélez, denuncia que desde el pasado 5 de marzo se registran contagios en el patio 8, poniendo en riesgo la vida e integridad de la población privada de la libertad, el personal administrativo y los custodios del INPEC.
El recurso legal señala graves inconsistencias en el manejo de la emergencia sanitaria. Según el accionante, aunque se decretó una cuarentena en dicho pabellón hasta el 13 de abril, no existen protocolos efectivos de aislamiento. La denuncia sostiene que se permiten traslados internos, salidas a diligencias judiciales y citas médicas sin controles de bioseguridad, lo que facilitaría un contagio cruzado masivo en un entorno caracterizado por el hacinamiento crítico.
Presunta omisión institucional y peticiones judiciales
La tutela vincula al INPEC, la Secretaría de Salud de Medellín y el Ministerio de Justicia, señalándolos por presunta omisión en la garantía del derecho fundamental a la salud. Entre las pretensiones elevadas al juez se encuentran la implementación inmediata de un plan de vacunación masiva dentro del penal, la suspensión de traslados no urgentes y el diseño de un cronograma de seguimiento epidemiológico riguroso para contener la propagación del virus.
Asimismo, el documento expone que mientras el centro carcelario restringe beneficios como permisos de 72 horas y visitas familiares bajo el argumento de la cuarentena, se mantendría la libre circulación de personal y reclusos dentro de las áreas comunes.
La presentación de esta acción constitucional coincide con la renuncia irrevocable de Jorge Carmona a su cargo como contratista del Ministerio de Justicia, posición que ocupaba desde enero de 2026. El líder argumentó razones éticas y jurídicas para su retiro, manifestando una presunta desconexión entre la institucionalidad y la realidad de los centros de reclusión. El defensor anunció su retorno a la Veeduría Penitenciaria Nacional, desde donde continuará la vigilancia sobre el Estado de Cosas Inconstitucional que atraviesa el sistema carcelario en Antioquia.