La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece una ruta progresiva de formalización para más de 350.000 mineros en todo el país.
La iniciativa, impulsada por la congresista, Ana Ligia Mora, busca otorgar permisos temporales de operación acompañados de asistencia técnica e institucional, condicionando el tránsito hacia la legalidad al cumplimiento de estrictas obligaciones ambientales.
El articulado está diseñado para restar influencia a las estructuras criminales que explotan la falta de alternativas legales en los territorios de producción minera.
El comercio del oro en Antioquia
Para acceder a los beneficios y garantías de formalización, las unidades productivas deberán erradicar el uso del mercurio, implementar planes de prevención de daños ecológicos y asumir compromisos para la recuperación progresiva de los pasivos ambientales causados por la actividad.
"Estamos pensando en soluciones reales, efectivas y pertinentes; pensando en cuidar la naturaleza pero también en propiciar condiciones para un trabajo digno", destacó la representante Ana Ligia Mora tras la votación. La congresista defendió la celeridad del trámite argumentando que el texto contó con el tiempo suficiente para su análisis y la concertación de proposiciones con las distintas bancadas.
La jornada legislativa estuvo marcada por fuertes tensiones políticas, incluyendo solicitudes de aplazamiento e intentos de ruptura de quórum por parte de la bancada del Pacto Histórico. A pesar de la discrepancia de sectores de gobierno, el proyecto superó su primer escollo parlamentario y continuará su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes para buscar convertirse en ley de la República.
La minería ilegal en Antioquia
Un despliegue institucional y de la Fuerza Pública permitió en los últimos días la intervención y desmantelamiento de múltiples complejos de extracción ilícita de minerales en municipios como Anzá, Buriticá, San Luis y Puerto Triunfo.
La ofensiva busca cortar la principal fuente de financiación de estructuras armadas al margen de la ley y mitigar los graves daños ecológicos provocados por el vertimiento de mercurio y la deforestación en cuencas hidrográficas del departamento.
De acuerdo con reportes oficiales, subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste y el Occidente antioqueño concentran los mayores focos de explotación aluvial y de socavón no permitida, fenómeno que ha destruido miles de hectáreas de cobertura vegetal en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí. Además del desastre ambiental, las autoridades enfatizaron que esta práctica alimenta directamente las arcas de grupos armados como el Clan del Golfo.
Finalmente, las autoridades departamentales y nacionales ratificaron que mantendrán los controles de inteligencia militar y monitoreo satelital en las zonas afectadas, mientras se avanza en mesas de trabajo con comunidades locales para diferenciar la extracción criminal de la minería artesanal en proceso de formalización.