En una rápida reacción en el marco de la Operación Aquiles, la Policía Nacional logró la liberación de un ciudadano y la captura en flagrancia de tres hombres señalados de participar en su secuestro en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.
El operativo se desplegó tras una alerta del Centro Automático de Despacho sobre el rapto de un hombre en el sector El Ferri. Las autoridades activaron un plan candado con unidades de investigación e inteligencia que permitió interceptar el automóvil en el que huían los presuntos secuestradores a la altura del sector Puente Lleras, en el barrio Villa Arabia, sobre la vía que conduce hacia El Bagre. Así lo manifestó el comandante de la policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz.
¿Cómo fue el proceso de liberación del secuestrado?
En la acción policial fue liberada la víctima e inmovilizado el vehículo utilizado para el ilícito. Además, las tropas incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, un revólver calibre .38 y tres teléfonos celulares que servirán como material probatorio dentro del proceso judicial.
Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de secuestro y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Los actores armados que hay en el Bajo Cauca antioqueño
La grave situación de orden público en los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño continúa generando profunda preocupación entre las autoridades y organismos defensores de los derechos humanos.
El recrudecimiento de las acciones armadas y el constante riesgo para las comunidades locales mantienen en máxima alerta a municipios como Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Tarazá y Valdivia.
La conflagración armada responde principalmente a la disputa violenta por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros. En esta pugna territorial convergen principalmente las estructuras del Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, facciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN. y frentes de las disidencias de las FARC, cuyos enfrentamientos directos dejan a la población civil en medio del fuego cruzado.
El impacto sobre los habitantes de las zonas rurales y los corregimientos ha alcanzado niveles críticos en los últimos meses. De acuerdo con las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las comunidades campesinas e indígenas enfrentan continuos episodios de desplazamiento forzado y confinamiento.
A esto se suman las extorsiones sistemáticas a comerciantes y mineros artesanales, así como la intimidación directa a líderes comunitarios.
Frente a este escenario, las autoridades regionales y el Gobierno Nacional han reforzado la presencia de la Fuerza Pública en la zona mediante el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles.
Aunque las operaciones militares buscan desarticular las finanzas de estas organizaciones e impedir su expansión, los pobladores insisten en que se requieren garantías permanentes de seguridad, la erradicación del minado de caminos rurales y un mayor acompañamiento de inversión social por parte del Estado.