La Procuraduría General de la Nación avanza en dos investigaciones disciplinarias relacionadas con actuaciones de funcionarios públicos en el municipio de Frontino, occidente de Antioquia. Por un lado, el organismo de control formuló pliego de cargos contra la excomisaria de Familia Sara Isabel Higuita Valle por presuntas omisiones durante un procedimiento policial en el que habrían resultado afectados dos menores de edad. De manera paralela, la entidad también abrió un proceso contra la alcaldesa Luz Gabriela Rivera Cano por supuestas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Investigan presuntas omisiones durante operativo con menores de edad en Antioquia
La actuación disciplinaria contra la excomisaria de Familia está relacionada con un procedimiento realizado en febrero de este año en un albergue del municipio. Según la investigación, durante la intervención policial se habría presentado un uso excesivo de la fuerza contra dos adolescentes de 17 y 13 años.
De acuerdo con la Procuraduría, la entonces funcionaria tenía la responsabilidad de velar por la protección de los derechos y garantías fundamentales de los menores involucrados. Sin embargo, el organismo de control busca establecer si existió una omisión en el cumplimiento de sus funciones al no intervenir oportunamente para salvaguardar la integridad de los adolescentes durante el operativo.
Por estos hechos, la presunta conducta fue calificada provisionalmente como una falta grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos, el proceso entra ahora en una etapa en la que la investigada podrá presentar descargos y solicitar pruebas en ejercicio de su derecho a la defensa.
Otro proceso disciplinario apunta a la contratación del PAE en Frontino, Antioquia
A esta investigación se suma una segunda actuación de la Procuraduría que involucra a la actual alcaldesa de Frontino, Luz Gabriela Rivera Cano, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
El caso está relacionado con diez contratos suscritos durante 2024 para garantizar el suministro de alimentos a estudiantes del municipio. Según las indagaciones preliminares, estos procesos contractuales superaron en conjunto los 480 millones de pesos.
La Procuraduría analiza un posible fraccionamiento de contratos en este municipio antioqueño
La hipótesis del ente disciplinario señala que la administración municipal habría dividido un contrato de mayor cuantía en varios procesos más pequeños con el propósito de acudir a mecanismos de contratación directa por mínima cuantía, evitando un proceso de selección más amplio y competitivo.
Para la Procuraduría, esta situación podría constituir una vulneración de las normas de contratación estatal y afectar los principios de transparencia que deben regir el manejo de los recursos públicos destinados a la alimentación de los estudiantes.
También investigan interrupciones en la prestación del servicio
Dentro del proceso disciplinario, el organismo de control analiza además las razones por las cuales el suministro de refrigerios y almuerzos escolares habría sido suspendido en dos periodos de 2024: entre el 11 y el 15 de febrero, y entre el 15 y el 19 de julio.
Por estos mismos hechos también fue vinculado a la investigación el entonces secretario de Educación de Frontino, Héctor Fabián Suárez Moreno, a quien se le atribuye una presunta falta de supervisión y control sobre la ejecución del programa alimentario.
Procuraduría mantiene abiertas ambas investigaciones en Frontino, Antioquia
Mientras en un caso se investiga una posible omisión en la protección de menores durante un procedimiento policial, en el otro se analizan presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del PAE. En ambos expedientes, la Procuraduría deberá determinar si existieron faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades correspondientes de los funcionarios involucrados.