Un procedimiento policial en el barrio San Marcos del municipio de Envigado terminó con un uniformado y un civil lesionados. El incidente inició tras recibir reportes en la línea 123 sobre un hombre que amenazaba a la ciudadanía con un machete.
Al llegar al sitio, los uniformados intentaron reducir al sujeto mediante el uso de dispositivos táser. El reporte oficial indica que se agotaron los cartuchos disponibles sin lograr controlar al agresor, quien mantenía una actitud hostil. Ante la situación, los agentes solicitaron el apoyo de dos dispositivos adicionales.
Durante la intervención, el sujeto atacó con el machete a uno de los policías, causándole una herida en la cabeza. Ante la agresión física y el riesgo inminente, las autoridades hicieron uso del arma de dotación, impactando al atacante en la pierna derecha para detener el ataque.
Ambos fueron trasladados a centros asistenciales. Según el parte médico, el agresor se encuentra fuera de peligro y, tras su recuperación, será procesado por violencia contra servidor público. Por su parte, el uniformado permanece bajo observación médica debido a la lesión sufrida en el cráneo.
Otras capturas y operativos en Medellín y el Valle de Aburrá
En cumplimiento del Plan Operacional Anticontrabando, uniformados de la División de Control Operativo Medellín adelantaron diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado.
Durante la intervención, se hicieron efectivas las órdenes de captura contra cinco personas, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando.
Según la investigación, la estructura ingresaba mercancía ilegal proveniente de Panamá y Venezuela. Para evadir los controles de las autoridades, utilizaban vehículos de servicio público para transportar los cigarrillos hasta los puntos de acopio y distribución en Medellín y su área metropolitana.
Las autoridades advirtieron que esta actividad no solo golpea las rentas departamentales —recursos destinados a la salud y el deporte—, sino que representa un riesgo para la salud pública, al tratarse de productos que no cuentan con registros sanitarios ni controles de calidad.
El balance de la investigación señala que esta organización habría generado una afectación superior a los $2.000 millones de pesos a la economía nacional. Con la desarticulación de esta red, la Policía Nacional busca fortalecer el comercio formal y proteger a los comerciantes que operan bajo la legalidad.