El Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Distrito de Turbo ordenó cuatro meses de arresto en centro penitenciario y una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el alcalde distrital Alejandro Abuchar González, la jefa de Talento Humano Sandra Milena Julio y el tesorero Henry Torres, tras declarar que incurrieron en desacato reiterado a un fallo de tutela que amparó a una exempleada.
Tutela ordenó reintegro
La decisión, contenida en el Interlocutorio N.º 2177-2026 del 28 de agosto de 2026, responde al incumplimiento sistemático de la Sentencia de Tutela N.º 003 del 14 de enero de 2026. Dicho fallo amparó los derechos al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, seguridad social y dignidad humana de Milany Maryory Mena Mena, ordenando su reintegro inmediato a un cargo de igual o superior jerarquía, así como el pago integral de las acreencias laborales adeudadas.
A pesar de que la sentencia fue ratificada en febrero por el Juzgado Civil del Circuito de Turbo y de que se habían impuesto dos sanciones previas contra el mandatario local, la administración municipal no hizo efectivo el reintegro ni el pago de los salarios. Ante esto, la autoridad judicial calificó la conducta de los implicados como un "desacato reiterado", señalando que las medidas coercitivas previas no fueron suficientes para lograr el acatamiento de la orden constitucional.
Órdenes de captura esperan aval judicial
Las órdenes de captura contra los tres servidores públicos se librarán una vez se surta el grado de consulta ante los Juzgados del Circuito de Turbo, instancia encargada de revisar la legalidad del fallo. De ser confirmada la providencia, los sancionados deberán cumplir la medida de aseguramiento en el centro penitenciario Villa Inés, ubicado en la vía entre Apartadó y Carepa. Asimismo, la multa económica deberá ser cancelada con recursos del patrimonio personal de cada funcionario.
Adicionalmente, el despacho judicial dispuso la compulsación de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen la posible comisión de delitos como fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión, al igual que las faltas disciplinarias a que haya lugar. El juzgado enfatizó que la imposición de estas sanciones penales y pecuniarias no exime a la Alcaldía Distrital de Turbo de su obligación principal de reintegrar a la demandante y cancelar los montos adeudados.