Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro uniformados de la Policía Nacional, señalados de torturar a un privado de la libertad para obligarlo a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero en el oriente antioqueño.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 9 de julio de 2025, los uniformados habrían sacado a la víctima mediante engaños de la estación de policía de San Vicente Ferrer. El detenido fue trasladado esposado hasta una zona rural de La Ceja, donde los policías le habrían exhibido una pica y una pala, amenazándolo con sepultarlo si no entregaba información sobre el paradero del supuesto botín
La decisión judicial afecta al intendente Rodolfo Herrera Hernández, a los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y a la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez. Un fiscal especializado de la Seccional Antioquia les imputó el delito de tortura. Adicionalmente, el intendente Herrera Hernández enfrenta cargos por falsedad ideológica en documento público.
La víctima logró escapar de sus captores y llegó a una finca en el municipio de La Unión, donde recibió auxilio y logró contactarse con unidades de la Dijín para su entrega voluntaria.
Para encubrir lo sucedido, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera Hernández, en su calidad de subcomandante de la estación de San Vicente Ferrer, reportó oficialmente a sus superiores que el detenido se había fugado durante un supuesto traslado médico, versión que fue desmentida por las pruebas materiales obtenidas por los investigadores.