La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en articulación con la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín, ha intensificado los operativos de control y verificación del estatus migratorio en los principales corredores turísticos de la ciudad.
El objetivo central es garantizar un turismo seguro, responsable y respetuoso de la ley, combatiendo irregularidades y delitos como la explotación sexual de menores.
Los operativos se centran en verificar que los establecimientos de alojamiento —incluyendo hoteles, apartahoteles, hostales y plataformas como Airbnb— cumplan con su obligación de registrar a sus huéspedes en el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE) y reporten la información de manera oportuna.
Las acciones se han concentrado en sectores de alta afluencia como El Poblado, Provenza y el Parque Lleras, donde oficiales de Migración Colombia, gestores de convivencia y la Secretaría de Seguridad han reforzado la vigilancia.
Lea también: La lujosa pistola que tenía alias “Fénix” cabecilla criminal de Ecuador escondido en La Estrella, Antioquia
El propósito de estas verificaciones va más allá del control documental: Identificar irregularidades en el estatus migratorio de los visitantes. Activar la búsqueda de extranjeros que buscan hacer turismo con fines de explotación sexual.
Más información: Red de cirugías estéticas ilegales en Medellín: Autoridades podrían preparar órdenes de captura ante la INTERPOL
Detectar la presencia de menores de edad no acompañados en establecimientos nocturnos, vías públicas y hoteles, fortaleciendo la protección de la infancia y adolescencia.
Durante los operativos, las autoridades revisaron documentos, verificaron registros en plataformas oficiales y orientaron a administradores de alojamientos sobre sus obligaciones legales en materia de reporte migratorio.
La autoridad migratoria anunció que estos controles se mantendrán e intensificarán en Medellín y su área metropolitana durante la próxima temporada alta, con el fin de fortalecer la respuesta institucional frente a hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana.