El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente a las autoridades de Estados Unidos requerir en extradición a dos madres de familia acusadas de someter a vejámenes y abusos sexuales transmitidos en línea a sus propios hijos, bebés de entre 8 y 10 meses de edad.
Las agresiones eran dirigidas y pagadas en tiempo real por integrantes de una red criminal internacional de explotación sexual infantil que operaba desde el estado de Arizona.
La solicitud se gestionó durante un encuentro estratégico en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde Gutiérrez lideró una agenda oficial junto al secretario de Seguridad, Manuel Villa.
Como fue el proceso para capturar a las dos mujeres responsables de la red criminal
La red transnacional, desmantelada en mayo pasado, se dedicaba a la explotación sexual infantil y a la comercialización de material de abuso sexual de menores de edad, mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo de dichas agresiones. Según las autoridades, las víctimas fueron sometidas a actos de crueldad extrema que les generaban dolor y sufrimiento para satisfacer las exigencias de las personas que pagaban por estos contenidos, entre los que había varios extranjeros. En uno de los casos se evidenció la explotación sexual contra un bebé de 10 meses, un niño de 2 años y una niña de 3. Así lo manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez
Allí se reunieron con agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU. para coordinar acciones contra las redes cibernéticas transnacionales.
El objetivo de la extradición es sentar un precedente judicial contundente contra quienes faciliten la transmisión de contenido abusivo desde Colombia hacia el exterior.
El balance de capturas en Medellín contra el delito de abuso
El mandatario enfatizó que en Medellín los operativos y capturas vinculados a la explotación sexual infantil se han incrementado en un 1.100 % mediante un trabajo articulado con la Policía, la Fiscalía y agencias internacionales como HSI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Además, se anunció la capacitación especializada de las autoridades locales en los centros cibernéticos de Arizona para reforzar la persecución de estas estructuras criminales.
Asimismo, durante la comisión en Phoenix se revisaron otros expedientes prioritarios de abuso trasnacional, entre ellos el de Timothy Allen Livingston y el de Stefan Correa (condenado a cadena perpetua en EE. UU.). Se reportó que estas alianzas judiciales ya han arrojado múltiples condenas en tribunales estadounidenses con penas que van desde los 19 años hasta la cadena perpetua.
¿Qué medida judicial solicitó el alcalde Federico Gutiérrez a Estados Unidos y por qué?
El alcalde solicitó formalmente la extradición a Estados Unidos de dos madres acusadas de someter a vejámenes y abusos sexuales transmitidos en línea a sus propios hijos (bebés de 8 a 10 meses). El objetivo es sentar un precedente judicial contundente contra quienes faciliten la transmisión de contenido abusivo desde Colombia hacia el exterior.
¿Cómo operaba la red criminal internacional involucrada en estas agresiones?
La red transnacional funcionaba mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo desde el estado de Arizona. Sus integrantes dirigían y pagaban en tiempo real las agresiones, sometiendo a las víctimas (entre ellas un bebé de 10 meses, un niño de 2 años y una niña de 3) a actos de crueldad extrema para comercializar el material de abuso sexual.
¿Dónde y con quiénes se gestionó la solicitud de extradición?
La solicitud se tramitó en la ciudad de Phoenix, Arizona, durante un encuentro estratégico liderado por el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad, Manuel Villa, junto a agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU.
¿Cuál es el balance de las autoridades de Medellín frente al delito de explotación sexual infantil?
Las capturas y operativos vinculados a este delito se han incrementado en un 1.100 % en Medellín gracias al trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y agencias internacionales (HSI y CBP). Asimismo, la alianza ha logrado condenas en EE. UU. que van desde los 19 años hasta la cadena perpetua (como el caso de Stefan Correa) y contempla la capacitación especializada de autoridades locales en centros cibernéticos de Arizona.