La Fiscalía General de la Nación capturó a un hombre que, haciéndose pasar por supervisor de un almacén de cadena, habría engañado y extorsionado a al menos nueve mujeres en Medellín y otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre noviembre de 2020 y junio de 2024. El esquema delictivo comenzaba siempre igual: una oferta de trabajo en redes sociales, una solicitud de información personal supuestamente necesaria para el proceso de selección y, una vez obtenidos esos datos, amenazas y exigencias de dinero para no divulgar información sensible relacionada con la intimidad de las víctimas. Un caso que combina el engaño, la extorsión y el uso de la información personal en el entorno digital.
La trampa: una oferta de empleo que nunca existió
Todo comenzaba con un mensaje en redes sociales. El procesado contactaba a sus víctimas presentándose como supervisor de un almacén de cadena y les ofrecía una oportunidad de trabajo. Para acceder al empleo, les explicaba, era necesario tramitar un carné de manipulación de alimentos, requisito que implicaba entregar dinero e información personal.
Así lo explicó la propia Fiscalía: el hombre contactaba a sus víctimas con apariencia de una oferta laboral, manifestando ser supervisor, y en desarrollo del engaño requería información personal y exigía el pago de ese supuesto requisito, induciendo a las mujeres a realizar consignaciones en diferentes cuentas bancarias.
Una vez las víctimas entregaban sus datos y realizaban los pagos, la trampa se cerraba. El empleo nunca existió y la pesadilla apenas comenzaba.
Las amenazas: hasta ocho millones de pesos o divulgaba todo
Con la información personal de las víctimas en su poder, el procesado las amenazaba con divulgar datos sensibles relacionados con su intimidad si no le pagaban sumas de hasta ocho millones de pesos. Para aumentar la presión, en varios casos afirmó pertenecer a un grupo al margen de la ley, lo que generó temor entre las afectadas.
Uno de los casos fue especialmente grave. Una de las víctimas recibió amenazas directas contra la vida de su madre y sus hijas, lo que la obligó a entregar dinero para evitar posibles represalias contra su familia. El impacto llevó a varias afectadas a cambiar sus números de teléfono, modificar sus rutinas diarias y restringir el uso de redes sociales.
La captura y los cargos: extorsión agravada y estafa
La Fiscalía General de la Nación logró identificar el patrón delictivo del procesado y reunió los elementos materiales probatorios suficientes para actuar. Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de extorsión agravada, extorsión agravada en grado de tentativa y estafa. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Este caso es una advertencia para los usuarios de redes sociales. Las ofertas de empleo que solicitan dinero o información personal desde el primer contacto deben encender las alertas. Las autoridades recomiendan verificar la identidad del empleador, no realizar consignaciones a cuentas desconocidas y denunciar cualquier situación sospechosa ante la Fiscalía o la Policía Nacional.
¿Cómo operaba este hombre para engañar a sus víctimas?
El procesado contactaba a mujeres a través de redes sociales haciéndose pasar por supervisor de un almacén de cadena. Les ofrecía empleo y les pedía dinero e información personal para tramitar un supuesto carné de manipulación de alimentos. Una vez obtenía esos datos, comenzaba a extorsionarlas, exigiéndoles hasta ocho millones de pesos para no divulgar información íntima.
¿Por qué este caso es especialmente grave?
Porque además del perjuicio económico, las víctimas sufrieron afectaciones derivadas de las amenazas, lo que las llevó a modificar sus rutinas, cambiar números telefónicos y limitar el uso de redes sociales. En uno de los casos, las intimidaciones se extendieron a familiares de la víctima.
¿Cómo pueden protegerse los ciudadanos de esta modalidad de engaño?
La clave está en identificar señales de alerta. Ningún proceso de selección laboral legítimo solicita consignaciones de dinero ni información personal sensible antes de una entrevista formal. Si una oferta de empleo exige pagos previos, se recomienda verificar la identidad del empleador, no realizar transferencias y denunciar ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.