La Corte Suprema de Justicia aumentó a 33 años y 4 meses de prisión la condena impuesta a Mateo Sepúlveda Jaramillo por la muerte de su hijastro, un niño de dos años y cinco meses, ocurrida en septiembre de 2017 en Medellín. La decisión se produjo luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara revisar una reducción de pena que había sido otorgada durante el proceso judicial.
Un crimen ocurrido en el barrio Cristo Rey de Medellín
Los hechos se registraron en una vivienda del barrio Cristo Rey, en Medellín, donde el menor fue víctima de asfixia y presentaba evidentes signos de maltrato físico severo. El caso generó rechazo por las circunstancias en las que ocurrió la muerte del niño, quien tenía apenas dos años y cinco meses de edad.
La investigación permitió establecer la responsabilidad de Mateo Sepúlveda Jaramillo en los hechos, por lo que inicialmente fue condenado por la justicia.
La condena había sido reducida en segunda instancia
En una primera decisión judicial; el indiciado recibió una condena de 37 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Medellín revisó el caso y redujo la pena a poco más de 22 años al retirar los agravantes aplicados al delito de homicidio.
Esta determinación fue cuestionada por la Procuraduría, que intervino en defensa de los derechos de la víctima y de su familia, al considerar que la reducción desconocía las condiciones particulares en las que ocurrió el crimen.
La Procuraduría pidió restablecer un agravante
El Ministerio Público argumentó que el agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima no debía ser excluido del proceso. Según expuso, el menor, debido a su corta edad, no tenía ninguna posibilidad de defenderse o resistir un ataque de un adulto.
Además, sostuvo que dicha circunstancia había sido advertida desde la imputación de cargos y debía mantenerse al momento de establecer la sanción penal correspondiente.
Corte Suprema acogió la solicitud de hecho perpetrado en Medellín
Mediante sentencia proferida el 14 de octubre de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió los argumentos presentados por la Procuraduría y restableció el agravante.
Como resultado, la pena de Mateo Sepúlveda Jaramillo fue fijada en 400 meses de prisión, equivalentes a 33 años y 4 meses de cárcel, lo que representó un incremento superior a 11 años frente a la condena que se encontraba vigente tras la decisión del Tribunal Superior de Medellín.
Se mantiene condena contra la madre del menor asesinado en Medellín
La decisión del alto tribunal no modificó la situación jurídica de la madre del niño. La mujer continuará cumpliendo la condena de 32 meses de prisión que le fue impuesta como coautora del homicidio, al determinarse que no impidió la muerte de su hijo.
Con este fallo, la Corte dejó en firme una sanción más severa para el principal responsable del crimen y ratificó la protección especial que el ordenamiento jurídico colombiano otorga a los menores de edad.
Detalles lamentables del caso ocurrido en 2017 en Medellín
Daniela Giraldo Sierra y Mateo Sepúlveda Jaramillo llegaron a la Clínica Las Américas de Medellín con su hijo (hijastro de él), Miguel Ángel, en brazos y sin signos de respuesta. Según manifestaron inicialmente, el menor presentaba un aparente cuadro viral que les generaba preocupación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo, el niño de apenas dos años falleció poco después de su ingreso. Lo que en un principio fue presentado como una emergencia médica terminó convirtiéndose en una investigación por homicidio.
Las pesquisas adelantadas por las autoridades y los resultados de Medicina Legal revelaron que el menor había sido víctima de una agresión extrema. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación y que el cuerpo presentaba múltiples signos recientes de maltrato físico y presunto abuso sexual. Los hallazgos descartaron cualquier relación con una enfermedad y evidenciaron que las lesiones habían sido causadas poco antes de su fallecimiento, lo que llevó a los investigadores a centrar sus esfuerzos en el entorno más cercano del niño.
De acuerdo con testimonios recopilados durante la investigación, familiares aseguraron que el contacto con el menor era limitado y que desde tiempo atrás existían preocupaciones por sus condiciones de cuidado. Con el avance del proceso judicial, la Fiscalía recopiló pruebas que permitieron sustentar las acusaciones contra los responsables.