Varias unidades del Ejército Nacional y la Policía Nacional intervinieron nueve unidades de producción minera ilegal en los municipios de Fredonia y Buriticá.
Las operaciones permitieron la captura de cuatro personas y la destrucción de maquinaria especializada utilizada para la extracción ilícita de yacimientos mineros, golpeando las finanzas de grupos armados organizados en el departamento.
En una primera acción, desarrollada por el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara en la vereda Puente Iglesias en Fredonia, suroeste de Antioquia, las autoridades intervinieron tres puntos de extracción. Durante el operativo se inutilizaron tres dragas tipo buzo, plataformas metálicas, motores diésel y clasificadoras, material cuyo valor se estima en 50 millones de pesos.
Asimismo, en el lugar se efectuaron cuatro capturas en flagrancia. Los implicados, junto con el combustible incautado (ACPM y gasolina), fueron puestos a disposición de la justicia para responder por daños a los recursos naturales y explotación ilícita.
Por otra parte, en el sector Los Arados del municipio de Buriticá, en el occidente del departamento, el Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, apoyado por la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal (UNIMIL), desmanteló otras seis unidades de extracción. En este punto, la afectación económica fue mayor, con la destrucción de equipos avaluados en aproximadamente 128 millones de pesos.
Autoridades combaten minería ilegal en el occidente y suroeste antioqueño
En relación con el panorama regional, estas acciones se suman a una serie de operativos sostenidos en el occidente y suroeste antioqueño, regiones donde la minería aurífera ilegal se ha convertido en la principal fuente de financiación para grupos como el Clan del Golfo. Según fuentes militares, la recuperación de estos territorios no solo depende de la destrucción de maquinaria, sino del bloqueo de las rutas de suministro que permiten el ingreso de combustibles y químicos nocivos, como el mercurio, que siguen contaminando los afluentes locales.
Finalmente, el comando de la Cuarta Brigada hizo un llamado a las comunidades rurales para que denuncien cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la estabilidad del ecosistema. Mientras tanto, las unidades de inteligencia militar continúan tras la pista de los determinadores económicos detrás de estas unidades mineras, con el fin de desarticular los eslabones superiores de estas redes criminales que, más allá de la extracción, generan escenarios de violencia y desplazamiento forzado en el departamento.