En Segovia, Nordeste antioqueño, se realizaron las honras fúnebres de María Celina Silva Silva, y de sus hijos Yalusan y Alonso de Jesús Silva, quienes murieron el pasado 26 de febrero luego de que un dron cargado con explosivos impactara su vivienda en la vereda La Jagua.
Según las autoridades locales, los Silva eran civiles ajenos a cualquier actor armado, lo que convierte este hecho en una violación directa de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Un crimen que agudiza la crisis humanitaria
El ataque se enmarca en la escalada del conflicto armado entre estructuras ilegales que disputan el control territorial en zonas rurales de Segovia, especialmente en corredores estratégicos para minería ilegal, extorsión y narcotráfico.
La confrontación entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo ha derivado en una ola de intimidación, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos que hoy mantienen en zozobra a cientos de familias campesinas.
Las autoridades regionales advierten que estos grupos están incorporando tecnologías bélicas avanzadas, como los drones explosivos, lo que supone un riesgo creciente para la población no combatiente.
El llamado del Gobernador: “Que la comunidad internacional documente estos crímenes”
Tras conocerse el ataque, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su repudio y envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas y a los habitantes de Segovia.
El mandatario fue enfático al solicitar que organismos internacionales de verificación y derechos humanos documenten estos hechos, los cuales calificó como infracciones flagrantes al DIH.
Según Rendón, la persistencia de ataques contra civiles es evidencia de un escenario de impunidad y de la falta de resultados de las políticas de paz del Gobierno Nacional.
El Gobernador insistió en que el país necesita una estrategia más robusta de seguridad, acompañada de investigación, judicialización y presencia institucional permanente en las zonas afectadas.
En respuesta al ataque, las Fuerzas Militares y la Policía desplegaron operativos en las veredas La Jagua y Arenales, con el objetivo de ubicar a los responsables y desactivar posibles artefactos adicionales.
La subregión del Nordeste permanece bajo medidas especiales de seguridad, mientras se busca frenar el avance de los grupos ilegales y proteger a las comunidades rurales.
Desplazamientos masivos tras el uso de drones explosivos
El miedo se multiplicó en cuestión de horas. Tras el ataque que cobró la vida de los tres integrantes de la familia Silva, alrededor de 100 personas abandonaron la vereda La Jagua, desplazándose hacia la vecina vereda Arenales en busca de refugio.
Los líderes comunitarios señalaron que el temor a nuevos ataques con drones y la escasez total de alimentos obligaron a las familias a salir precipitadamente, incluso dejando sus pertenencias y animales.
Los habitantes desplazados afirmaron que no regresarán mientras no exista una presencia permanente del Ejército y una intervención integral que incluya asistencia humanitaria, abastecimiento, vías seguras y apoyo psicosocial.
La comunidad relata que durante semanas han vivido bajo el sobrevuelo de drones y constantes amenazas por parte de los actores armados que reclaman control territorial.
Seis masacres en menos de dos meses en Antioquia
El caso de la familia Silva se suma a la preocupante cifra de seis masacres registradas en Antioquia en lo corrido del año 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Estas acciones violentas han dejado 19 personas asesinadas, en un escenario que refleja la expansión de economías criminales, la débil presencia estatal en áreas rurales y la reorganización de grupos armados que hoy disputan corredores estratégicos en el departamento.
El Nordeste antioqueño enfrenta una de sus peores crisis en años: drones explosivos, desplazamientos masivos, masacres y control armado sobre la vida de campesinos que solo buscan trabajar la tierra en paz.
La tragedia de la familia Silva no solo evidencia la crueldad de la guerra, sino la urgencia de que el Estado —en todos sus niveles— y la comunidad internacional redoblen esfuerzos para proteger a quienes hoy quedan atrapados entre la violencia y el abandono.