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Gobernación de Antioquia e INPEC acuerdan descongestión de estaciones de Policía

En los últimos meses, 180 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia e INPEC acuerdan descongestión de estaciones de Policía

La Gobernación de Antioquia, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, anunció la implementación de un plan para descongestionar las estaciones de Policía y las guarniciones militares del departamento.

En los últimos meses, 180 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes establecimientos penitenciarios del orden nacional, liberando capacidades operativas de la Fuerza Pública.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que estos traslados cumplen con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022.

En la última semana, 80 personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones de Policía de Antioquia y Urabá, así como en guarniciones de la Séptima División del Ejército Nacional, fueron trasladadas a las cárceles de Santa Rosa de Osos, Yarumal, Sonsón, Itagüí (La Paz), Puerto Triunfo y Apartadó.

Cabe recordar que en diciembre pasado otras 100 personas fueron llevadas a establecimientos penitenciarios de Sonsón, Itagüí, Puerto Triunfo y Apartadó.

Para fortalecer las capacidades de vigilancia y custodia, la Gobernación entregó al INPEC tres motocicletas Yamaha XTZ 250, destinadas a las cárceles de Yarumal y Apartadó. Además, se distribuyeron 180 kits de aseo personal y 180 kits de bienestar para los privados de la libertad.

La otra cara de la moneda: las estaciones de policía de Medellín

El hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín sigue siendo una de las problemáticas más graves del sistema penitenciario en la ciudad. Actualmente, estas instalaciones presentan una sobreocupación superior al 120 %, lo que significa que el número de personas privadas de la libertad duplica la capacidad real de los espacios, diseñados únicamente para detenciones transitorias.

Este escenario ha generado condiciones críticas para los detenidos, quienes permanecen en lugares sin infraestructura adecuada para largas estancias, afectando derechos básicos como el acceso a salud, alimentación y acompañamiento psicosocial. Además, la permanencia prolongada de internos en estaciones limita la capacidad operativa de la Fuerza Pública, que debe destinar recursos humanos y logísticos a la custodia, en lugar de enfocarse en la seguridad ciudadana.

La nueva cárcel ayudara a descongestionar las estaciones de policía de Medellín

El proyecto, que actualmente registra un 40% de avance, se ejecuta bajo el modelo de asociación público-privada con una inversión total de $675.000 millones, cuyos pagos están programados entre 2027 y 2038. La cárcel se construirá en el sector de San Cristobal. En estos momentos, las labores se concentran en la excavación de plataformas, la construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.

Capacidad para 1.339 personas con enfoque en derechos humanos

La nueva infraestructura tendrá capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad, todas sindicadas —es decir, sin condena y a la espera de fallo judicial. El complejo contará con seis pabellones, incluyendo uno diseñado para adultos mayores y personas con movilidad reducida, además de áreas de sanidad, jurídica, formación, visitas y un centro de control con tecnología de vigilancia permanente.