Frente 36

Disidencias estarían imponiendo dónde comprar cerveza en Angostura para financiar su estructura ilegal, denuncia político antioqueño

Según el denunciante, desde una distribuidora se estaría concentrando la venta de cerveza en municipios como Angostura, Campamento, Guadalupe y Anorí.

Magnific Cerveza.

El abogado antioqueño y excandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, David Toledo, denunció un presunto esquema mediante el cual integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc estarían obteniendo recursos económicos a través de la comercialización de cerveza en varios municipios del norte de Antioquia. Según el dirigente político, la estructura armada ilegal no solo estaría utilizando esta actividad como una nueva fuente de ingresos, sino también como un mecanismo para presuntamente lavar dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal.

La denuncia apunta a una distribuidora

De acuerdo con la denuncia, el caso tendría como eje una distribuidora de licores denominada La Bendición, ubicada en el municipio de Angostura, a pocos metros de la estación de Policía. Toledo aseguró que el establecimiento sería administrado por un familiar de una persona que actualmente se encuentra privada de la libertad por presuntos vínculos con el frente 36 de las disidencias.

Según el denunciante, desde esta distribuidora se estaría concentrando la venta de cerveza para la población de municipios como Angostura, Campamento, Guadalupe, en el norte, y Anorí, en el nordeste; territorios donde, afirmó, la estructura ilegal mantiene influencia y control territorial.

Obligarían a comprar cerveza a un precio superior

El político aseguró que alias "Pablo" y alias "Samir", señalados por él como cabecillas de esta estructura armada en la zona, habrían impuesto la venta exclusiva de cerveza a través de dicha distribuidora. De acuerdo con la denuncia, comerciantes y habitantes estarían siendo obligados a adquirir el producto únicamente en ese establecimiento.

Además, sostuvo que la cerveza estaría siendo comercializada a cerca de 100.000 pesos por caja, cuando su precio habitual oscilaría entre 60.000 y 79.000 pesos. A juicio del denunciante, esta diferencia permitiría obtener ganancias significativamente superiores a las del mercado tradicional, generando una nueva renta ilegal para el grupo armado.

Piden investigar las denuncias

Toledo solicitó a las autoridades competentes verificar la información y establecer si existe alguna relación entre la distribuidora señalada y las estructuras ilegales que operan en la región. Asimismo, pidió adelantar investigaciones que permitan esclarecer si se están presentando presiones sobre comerciantes o posibles mecanismos de lavado de activos mediante la comercialización de bebidas alcohólicas.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estas acusaciones y no se conocen resultados oficiales de investigaciones que confirmen los hechos denunciados. Por ello, las afirmaciones corresponden exclusivamente a la denuncia realizada por el dirigente político y deberán ser verificadas por los organismos competentes.

Otra denuncia reciente del líder político

Recordemos que a mediados de septiembre el dirigente político David Toledo denunció haber recibido graves amenazas de muerte contra él y su familia. Según explicó, las intimidaciones se intensificaron tras publicar en su cuenta de X un video en el que señalaba la presunta presencia de milicias vinculadas a las disidencias de las Farc y al ELN dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

De acuerdo con su denuncia, estas estructuras, conocidas como "capuchos", tendrían tres objetivos principales: participar en bloqueos de vías estratégicas, reclutar estudiantes en condición de vulnerabilidad mediante incentivos económicos y obtener recursos a través de actividades ilegales como microtráfico, extorsión y hurtos en los alrededores de la institución.

También aseguró que su investigación, sustentada en documentos, fotografías y más de 20 testimonios, identificó presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos y señaló que algunas áreas del campus estarían siendo utilizadas para actividades ilegales. No obstante, aclaró que las personas mencionadas en su informe no han sido vinculadas formalmente a procesos judiciales y conservan la presunción de inocencia.

El dirigente afirmó que las amenazas provendrían de presuntos enlaces de grupos armados ilegales y de estructuras delincuenciales locales. Además, aseguró que decidió hacer públicas sus denuncias ante la falta de avances en las investigaciones, solicitando a las autoridades acelerar las verificaciones sobre los hechos expuestos.