En un golpe a las finanzas del crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre 44 bienes avaluados en más de 22.118 millones de pesos, los cuales pertenecían al grupo delincuencial 'Los del Dorado', estructura dedicada al tráfico transnacional de cocaína que utilizaba al departamento de Antioquia como centro estratégico de procesamiento.
Las acciones judiciales, que incluyeron suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, recayeron sobre 34 inmuebles (17 rurales y 17 urbanos), 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad comercial. Aunque las propiedades se encuentran distribuidas en cinco departamentos del país; Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, la investigación evidenció el rol central que jugaba el territorio antioqueño en el entramado ilícito.
El rol clave del Magdalena Medio antioqueño
La investigación, liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales y la Dijín de la Policía Nacional, con el respaldo del FBI de Estados Unidos, determinó que 'Los del Dorado' adquirían la pasta base de coca en el departamento de Nariño. Posteriormente, el insumo era transportado en vehículos de carga hacia zona rural del municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño.
En esa zona de Antioquia, la red criminal montó laboratorios clandestinos para la transformación del alcaloide en clorhidrato de cocaína. Una vez procesado el estupefaciente, los cargamentos salían desde el departamento camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con documentación comercial legal para evadir el control de las autoridades en las vías.
Desde Antioquia, el producto era trasladado hacia la costa Caribe colombiana, punto desde donde se coordinaba su despacho marítimo hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.
Lavado de activos a través de testaferros
Paralelo a la logística del narcotráfico, la organización criminal utilizaba las ganancias ilícitas para adquirir propiedades y registrarlas a nombre de terceros o testaferros, intentando dar apariencia de legalidad a su patrimonio en los diferentes municipios de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.
Con estas medidas cautelares, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los inmuebles y sociedades afectadas mientras concluye el proceso judicial de extinción definitiva del derecho de dominio.