La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra cinco personas presuntamente implicadas en irregularidades en la contratación interadministrativa para el mantenimiento de la malla vial del transporte público en Medellín, en hechos que comprometen recursos por más de 16.000 millones de pesos.
Los procesados en el caso
El escrito de acusación cobija al exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; al exsubsecretario técnico Mauricio Alonso Zuleta Estrada; a la exsubsecretaria jurídica Estefanya Cuervo Sánchez; al exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura Rubén Darío López Giraldo; y al contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) Santiago Ortega Mateos.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó a las cinco personas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, sobre el exsecretario de Movilidad recae la imputación por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Anomalías en la contratación y violación de la Ley de Garantías
Los hechos investigados se remontan al 28 y 29 de junio de 2023, fechas en las que se suscribió el contrato para ejecutar obras de demolición, adecuación de andenes, excavaciones y reparación de pavimentos en la comuna 10 (La Candelaria), así como en los sectores de Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.
De acuerdo con el material probatorio, la Secretaría de Movilidad suscribió de manera directa el convenio pese a carecer de competencia institucional para obras de infraestructura física; funciones que corresponden a la Secretaría de Infraestructura, con apoyo de Servicios y Suministros. Asimismo, el ente investigador estableció que el proceso se adelantó mediante contratación directa en plena vigencia de la Ley de Garantías electoral, omitiendo el proceso de licitación pública que exigía la cuantía del contrato, sumado a deficiencias en los estudios previos y la falta de soporte del presupuesto oficial.
Roles y actuaciones individuales
La investigación señala que Juan Carlos Torres Ojeda habría firmado el contrato a sabiendas de las anomalías, Mauricio Alonso Zuleta Estrada intervino en el trámite sin verificar los requisitos de ley, y Estefanya Cuervo Sánchez otorgó el aval jurídico.
Por su parte, Rubén Darío López Giraldo y el contratista Santiago Ortega Mateos habrían certificado el cumplimiento de exigencias técnicas sin que estas se ajustaran a la realidad. Los imputados deberán responder en etapa de juicio.