La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció a través de su cuenta oficial en X una grave situación humanitaria en la vereda Malena, ubicada en el corregimiento de Puerto López en el Bagre, donde se habría registrado un presunto ataque con explosivos en cercanías de viviendas civiles.
Según la organización, los hechos se habrían presentado en medio de intensas disputas por el control territorial en el Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, las explosiones habrían afectado a varios animales de pastoreo, generando pérdidas económicas para familias campesinas que dependen de estos recursos para su subsistencia.
La denuncia de Corpades coincide con recientes alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que ha advertido sobre el progresivo deterioro de la situación humanitaria en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre.
Escenario de disputa armada
Según la Defensoría, este territorio se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación entre las disidencias de alias Calarcá, del Bloque Magdalena Medio, y el Clan del Golfo. Ambos grupos buscan el control de corredores estratégicos y economías ilegales en el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y zonas del nordeste antioqueño.
Esta confrontación ha generado una escalada de violencia con fuertes impactos sobre la población civil.
Confinamientos, desplazamientos y graves violaciones
Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría documentó al menos dos confinamientos y cinco desplazamientos forzados masivos, además de múltiples vulneraciones a los derechos humanos.
Entre estas se incluyen amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, así como afectaciones directas a viviendas y bienes civiles.
Las comunidades de veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada figuran entre las más impactadas, enfrentando condiciones cada vez más críticas.
Drones con explosivos agravan el conflicto
Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensoría es el uso recurrente de drones adaptados para lanzar o activar artefactos explosivos, práctica que ha incrementado el riesgo en zonas habitadas por población civil.
Estos ataques han generado daños en viviendas, infraestructura comunitaria y bienes indispensables para la supervivencia de las comunidades rurales. En sectores cercanos, como las veredas Santa Isabel de Amará y Montefrío, en Segovia, se han reportado afectaciones similares. En uno de los casos, la explosión de un artefacto causó la muerte de animales de granja, fundamentales para la economía campesina.
Crisis regional en expansión
En lo corrido de 2026, se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia y Bolívar, dejando más de 2.400 personas afectadas.
Asimismo, se han documentado seis eventos de confinamiento que han restringido la movilidad de más de 7.700 personas en municipios como El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí, Yondó, así como en localidades del sur de Bolívar.
Falta de presencia estatal y llamados urgentes
A esta crisis se suma el retiro de la Policía Nacional del corregimiento de Puerto López en marzo de 2026, situación que ha aumentado la percepción de desprotección entre los habitantes y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos de violencia.
La Defensoría advirtió que los ataques en zonas con presencia de civiles constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario, que obliga a las partes en conflicto a adoptar medidas para proteger a la población y reducir los daños.
Ante este panorama, el organismo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y las entidades competentes para que implementen acciones integrales, coordinadas y oportunas que permitan proteger a las comunidades, atender la emergencia y restablecer las condiciones de seguridad en el territorio.
Asimismo, solicitó al Ministerio del Interior activar el Subcomité Nacional de Prevención y Protección, con el fin de fortalecer la respuesta frente a las violaciones de derechos humanos en el Bajo Cauca, el norte y nordeste antioqueño.
Mientras tanto, en veredas como Malena, la población continúa enfrentando los efectos de un conflicto que persiste y se agrava, poniendo en riesgo su vida, su territorio y sus medios de subsistencia.