La Justicia de Estados Unidos condenó a 18 años de prisión a Michael Jamie Inofuentes, un ciudadano estadounidense de 45 años, hallado culpable de tráfico sexual de menores y conducta sexual ilícita. El caso está relacionado con el abuso de una adolescente de 15 años en Medellín, y se trata del tercer extranjero condenado por delitos sexuales cometidos en la capital antioqueña.
El fallo fue emitido por un tribunal federal en Virginia, tras la presentación de pruebas que confirmaron su responsabilidad.
La pista que lo delató: pagos sospechosos
El proceso judicial tuvo un punto de quiebre el 1 de noviembre de 2024, cuando agentes del Aeropuerto Internacional de Miami realizaron una inspección secundaria a Inofuentes durante su llegada desde Colombia. En ese momento detectaron pagos irregulares, movimientos financieros y comunicaciones que lo vinculaban con una red de trata sexual infantil que operaba en Medellín.
Durante las audiencias se confirmó que Inofuentes usaba a Medellín como su segundo lugar de residencia, permaneciendo allí por largas temporadas y aprovechando su condición de turista para pasar inadvertido ante autoridades migratorias y hoteleras. Según los fiscales, esta dinámica formaba parte de un patrón planeado y sostenido.
Un patrón que ya se repite: otros dos estadounidenses condenados
La condena contra Inofuentes se suma a otros golpes de la justicia estadounidense contra la explotación sexual infantil cometida en Colombia.
El año pasado, Estados Unidos sentenció a cadena perpetua a Stefan Correa, también vinculado a delitos sexuales cometidos en territorio colombiano, lo que refuerza la cooperación internacional contra este tipo de crímenes.
Evidencia irrefutable en Medellín: el caso Poceiro
Otro caso reciente es el de Manuel Poceiro, un estadounidense de 66 años, igualmente condenado a cadena perpetua. Su sentencia se produjo luego de que las autoridades hallaran pruebas determinantes en su dispositivo móvil, que evidenciaban abusos cometidos en Medellín.
Este caso, al igual que el de Inofuentes, mostró que algunos agresores viajaban con frecuencia al país para cometer delitos de manera sistemática.
Cooperación internacional que empieza a mostrar resultados
Con esta nueva sentencia, las autoridades de ambos países destacan los avances en la persecución internacional de depredadores sexuales, gracias al intercambio de información, la trazabilidad financiera y el seguimiento de movimientos migratorios.
Las condenas de Correa, Poceiro e Inofuentes consolidan una ofensiva judicial que comienza a cerrar el cerco sobre extranjeros que intentan aprovechar la vulnerabilidad de menores en Medellín y otras regiones del país.