La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció públicamente a través de su cuenta oficial de X lo que califica como un esquema de presunta corrupción continuada desde la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
En el centro de la polémica se encuentra uno de los cabecillas que se encontraba en la cárcel de Itagüí; el recluso César Pablo Gómez, conocido con el alias de "Pocho", señalado como el principal responsable de organizar la polémica fiesta vallenata dentro de ese penal.
Un polémico "buen comportamiento" en tiempo récord
Según los documentos revelados por la corporada, tras el escándalo del "parrandón", alias "Pocho" fue el único interno trasladado el pasado 8 de abril, con destino a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón (Santander). Este movimiento se formalizó mediante la Resolución 900003518 del 7 de mayo de 2026, justificando la medida estrictamente por "motivos de seguridad".
Sin embargo, la denuncia de Carrasquilla radica en que apenas un mes y medio después, la entidad emitió la Resolución 9000052016 del 26 de junio de 2026, ordenando un nuevo traslado para "Pocho", esta vez con rumbo a la cárcel de Palmira (Valle del Cauca). Dicho traslado se hizo efectivo el pasado 11 de julio por lo que sería un supuesto estímulo por "buena conducta".
"Antes de castigarlo, ahora lo premian", cuestionó con dureza la concejala. "¿En qué quedamos? ¿Era un riesgo para la seguridad o un interno ejemplar? Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esto huele muy mal y merece una investigación de fondo".
El cabildante exigió claridad sobre quién autorizó estos movimientos exprés y bajo qué criterios técnicos se terminó premiando a quien semanas atrás era señalado de burlar la seguridad penitenciaria con fiestas privadas.
Alertas sobre nuevos beneficios a cabecillas: El caso de alias "Douglas"
La denuncia de Carrasquilla no se detuvo ahí. La concejala aseguró haber recibido información de inteligencia sobre un presunto plan para favorecer a José Leonardo Muñoz, alias "Douglas" (reconocido exjefe de la llamada 'Oficina de Envigado').
De acuerdo con la denuncia, alias "Douglas", en presunta coordinación con la senadora Isabel Zuleta y su equipo de defensa, estaría planeando un traslado estratégico hacia la ciudad de Bogotá. El objetivo final de este movimiento, según Carrasquilla, sería facilitar una negociación con un juez de ejecución de penas para otorgarle la libertad, utilizando supuestos problemas de salud como argumento.
Llamado al nuevo Gobierno
Ante la gravedad de los hechos, la concejala de Medellín hizo un llamado de atención al ministro de Justicia entrante y al presidente electo Abelardo de la Espriella, instándolos a intervenir de manera inmediata y a revisar a fondo las actuaciones administrativas del INPEC.
"Los colombianos tienen derecho a saber bajo qué criterios se están tomando decisiones que terminan beneficiando a peligrosos delincuentes", concluyó Carrasquilla, exigiendo que se frenen las presuntas maniobras que debilitan la justicia en el país.
Hasta el momento, la Dirección Nacional del INPEC no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos y resoluciones expuestas por la concejala de Medellín.