La Fiscalía anunció la imposición de medidas cautelares de extinción de dominio sobre un inmueble y un establecimiento de comercio que operaba como motel en el centro de Medellín, presuntamente utilizados por redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Bienes avaluados en más de 11.000 millones de pesos
De acuerdo con la entidad, los bienes intervenidos tienen un valor preliminar superior a los 11.000 millones de pesos. Las medidas adoptadas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, con el objetivo de afectar las estructuras económicas que respaldarían este tipo de actividades ilícitas.
Evidencia de uso para explotación de menores
Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, el establecimiento habría servido como escenario para facilitar conductas relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución de menores de edad. Las autoridades señalaron que, en diferentes operativos realizados en el lugar, se evidenció el ingreso recurrente de niñas y adolescentes.
Señalamientos por presunto tráfico de estupefacientes
Adicionalmente, las indagaciones permitieron establecer que el inmueble también estaría siendo utilizado como punto de almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes, lo que amplía el alcance de las actividades ilegales asociadas al lugar.
Operativo interinstitucional
Las medidas cautelares fueron decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y ejecutadas mediante operativos conjuntos con unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en el marco de una estrategia interinstitucional contra el crimen organizado.
Bienes bajo administración de la SAE
Una vez materializadas las decisiones judiciales, los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de su administración mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
Llamado a la denuncia
Finalmente, el ente acusador reiteró que este tipo de actuaciones buscan desarticular las finanzas de las organizaciones criminales y proteger a la población menor de edad, especialmente en contextos urbanos donde se han identificado dinámicas de explotación. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.