Un intendente jefe de la Policía fue condenado a cinco años de prisión por participar en un falso allanamiento a una finca ubicada en Girardota, norte del Valle de Aburrá, durante el cual fueron sustraídas varias pertenencias y un arma de fuego. Además, los uniformados habrían exigido dinero al propietario del inmueble a cambio de no judicializarlo.
Según informó el ente acusador, Juan Francisco Mancilla Barbosa aceptó, mediante preacuerdo, su participación en los hechos. Un juez avaló la negociación y lo declaró responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión.
El allanamiento habría sido autorizado con documentos falsos
La investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, estableció que el 8 de julio de 2024, Mancilla Barbosa y una patrullera de la Policía habrían presentado documentos falsos ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
Con base en esa documentación, el funcionario autorizó diligencias de allanamiento y registro en dos inmuebles, entre ellos una finca ubicada en el municipio de Girardota.
Tres días después, el 11 de julio de 2024, el intendente y otros integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al predio para realizar el procedimiento, amparados en la orden judicial que, según la investigación, había sido obtenida mediante engaños.
Arma no fue reportada y desapareció una pertenencia de $40 millones
Durante el supuesto allanamiento, los uniformados encontraron una subametralladora calibre 9 milímetros, de uso privativo de las Fuerzas Militares. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el arma no fue reportada ni dejada a disposición del despacho que había autorizado la diligencia.
Las investigaciones también determinaron que los funcionarios se apropiaron de una camándula de oro avaluada en 40 millones de pesos.
Exigieron $150 millones al propietario de la finca
La Fiscalía estableció, además, que al propietario del inmueble le habrían exigido 150 millones de pesos a cambio de no judicializarlo por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
La exigencia también habría estado acompañada de la advertencia de llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia debido a que una sobrina del propietario, de 15 años, se encontraba en el lugar al momento del procedimiento.
Ante la presión ejercida durante el falso allanamiento, la víctima finalmente entregó 20 millones de pesos.
Por estos hechos y tras aceptar su responsabilidad mediante preacuerdo, Juan Francisco Mancilla Barbosa fue condenado a cinco años de prisión por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión.