Un niño de cinco años falleció en Medellín a causa de una peritonitis provocada por un fuerte golpe en el abdomen, presuntamente propinado por su madre, quien ya fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El deceso del menor, ocurrido el pasado 9 de mayo, destapó un dramático historial de torturas y agresiones sistemáticas dentro de su propio hogar.
Los hechos se registraron en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde la imputada residía junto a la víctima y otro hijo menor de edad.
Los hechos se registraron en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo de Medellín, donde la imputada residía junto a la víctima y otro hijo menor de edad.
¿Cómo ocurrió el caso del menor maltratado?
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a la mujer de 28 años. La procesada, capturada el pasado 27 de junio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), enfrenta cargos por los delitos de tortura y homicidio, ambos agravados, los cuales no aceptó durante las audiencias concentradas.
La investigación, liderada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, Seccional Medellín, reveló que el menor era víctima de violencia recurrente.
El 9 de mayo, la investigada le habría propinado al niño un fuerte impacto en el abdomen, lo que derivó en la peritonitis mortal.
El dictamen de Medicina Legal encontró 120 lesiones en el cuerpo del menor, en diferentes estadios de cicatrización.
Los abusos se habrían presentado entre febrero y mayo de este año, periodo en el que la mujer presuntamente golpeaba a su hijo con cables eléctricos y objetos contundentes.
El maltrato infantil sigue siendo una de las realidades más dolorosas y silenciosas del país. Detrás de las puertas de miles de hogares se esconden historias de violencia física, psicológica, abuso sexual y negligencia que, con frecuencia, solo salen a la luz cuando la tragedia es irreversible.
Ante este panorama, defensores de los derechos de la niñez y autoridades coinciden en un punto crucial: la denuncia oportuna no es una opción, es la herramienta más poderosa para salvar vidas.
A menudo, vecinos, familiares o profesores detectan señales de alerta en los menores, como cambios drásticos de conducta, marcas físicas recurrentes, desnutrición o deserción escolar, pero deciden no involucrarse por temor a represalias o por la falsa creencia de que "los problemas familiares se resuelven en casa". Sin embargo, el ordenamiento jurídico colombiano es claro: la protección de los niños, niñas y adolescentes es un principio constitucional que corresponsabiliza a la familia, la sociedad y el Estado.