Un juez de control de garantías envió a prisión al fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y a dos patrulleros de la Sijín Santa Marta, señalados de montar un falso operativo para secuestrar una mercancía que tenía como destino final la capital de Antioquia.
Los procesados habrían exigido hasta $300 millones de pesos al propietario de 15 motores importados para no judicializar la carga de manera irregular.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero. Un tractocamión cargado con motores de alta gama salió de la zona portuaria de la Costa Caribe con rumbo a Medellín. Sin embargo, al llegar a Bosconia (Cesar), el vehículo fue interceptado por los patrulleros indiciados, quienes desviaron el camión hacia un parqueadero privado.
El "falso positivo" judicial
Para darle una fachada de legalidad al retén, el fiscal Montes Dávila emitió un oficio ordenando la inmovilización de los motores, bajo la falsa premisa de que hacían parte de una investigación por narcotráfico y contrabando.
Con la mercancía "secuestrada" judicialmente, los implicados habrían contactado al dueño para exigirle una millonaria suma a cambio de permitir que el camión continuara su ruta hacia Medellín. Aunque inicialmente pidieron $300 millones de pesos, la presión y la negociación bajaron la cifra a $100 millones.
La fiscalía delegada contra la Corrupción demostró que el fiscal Montes no tenía competencia sobre ese caso y que incluso alteró otros procesos activos para ocultar su actuación. Por estos hechos, se les imputó el delito de concusión, y en el caso del fiscal, también el de prevaricato por omisión agravado.