El municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, atraviesa uno de los episodios más graves de violencia reciente. El personero municipal, Hambler Patiño, confirmó que dos reconocidos líderes sociales se encuentran entre las víctimas mortales del ataque con dron registrado el pasado 26 de febrero en la vereda La Jagua, una zona históricamente golpeada por la disputa territorial de grupos armados ilegales.
Las investigaciones preliminares permitieron establecer que las tres personas fallecidas no solo pertenecían a un mismo núcleo familiar, sino que dos de ellas ocupaban cargos activos dentro de la Junta de Acción Comunal (JAC), convirtiendo el ataque en un golpe directo al tejido social y participativo de esta vereda.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Alonso de Jesús Silva, tesorero de la JAC de La Jagua.
- Yaludan Cano Silva, miembro del Comité de Conciliación de la misma organización.
- La madre de ambos, cuyo nombre no fue revelado por respeto a la familia.
El personero calificó el hecho como uno de los ataques más severos registrados en el Nordeste antioqueño en los últimos años, por la forma, la tecnología empleada y el rol comunitario de las víctimas.
Un ataque quirúrgico con dron: tecnología de guerra contra población civil
El explosivo fue lanzado desde un dron adaptado para operaciones de guerra, un método que —según la Personería y el Ministerio Público— constituye una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La carga detonó directamente sobre la vivienda, lo que, para las autoridades, podría indicar un ataque selectivo.
Patiño pidió a los organismos de investigación celeridad para esclarecer si el hecho fue consecuencia de combates en la zona o un atentado directo y premeditado contra el liderazgo social.
Esta vereda ha sido escenario de la disputa entre grupos armados ilegales que buscan controlar corredores del narcotráfico y rentas derivadas de la minería. Para la institucionalidad local, atacar a líderes comunitarios implica desarticular las estructuras civiles que sostienen la organización rural.
Tras conocerse que dos líderes estaban entre los fallecidos, organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron medidas de protección para los integrantes de las Juntas de Acción Comunal en Segovia y Remedios, quienes hoy quedan en mayor vulnerabilidad al verse atrapados entre el fuego cruzado de las estructuras criminales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió expresamente a la comunidad internacional documentar y visibilizar estos hechos, que calificó como “infracciones directas al DIH que evidencian la degradación del conflicto armado en la región”.