Antioquia enfrenta un inicio de año profundamente violento: en apenas 56 días del 2026, se han registrado cinco masacres que dejan 16 víctimas, según cifras confirmadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre este escenario mediante varias Alertas Tempranas, alertando que diversas zonas del departamento están bajo la presión de "gobernanzas ilegales", estructuras criminales que imponen control territorial, social y económico a través del terror.
Un inicio de año marcado por el avance del control armado
Las advertencias no fueron nuevas ni sorpresivas. Desde el año anterior, la Defensoría había documentado el fortalecimiento de grupos que dictaban reglas locales, restringían la movilidad y operaban economías ilegales con plena capacidad de violencia. Hoy, esas alertas se materializan en una secuencia de asesinatos múltiples que reflejan la disputa abierta por las rutas, los corredores estratégicos y el dominio de comunidades enteras.
En menos de dos meses, las zonas rurales de Antioquia han sido el escenario repetido de ataques planificados, ejecuciones selectivas y desplazamientos silenciosos que revelan una estructura criminal consolidada y en expansión.
La masacre que abrió el 2026 entre Amalfi y Remedios
El año comenzó con uno de los hechos más fríos. El 4 de enero, varias personas fueron retenidas ilegalmente en los límites entre Amalfi y Remedios por miembros de la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés”, del Clan del Golfo.
El 6 de enero aparecieron cuatro cuerpos, tres de ellos pertenecientes a la misma familia:
- Yeter Arley Madrigal
- Juan Carlos Madrigal
- Jorge Andrés Madrigal
El caso puso de inmediato bajo la lupa a esta zona minera, donde el control del Clan del Golfo se ha vuelto decisivo en la vida cotidiana de las comunidades.
Tres asesinados en un corredor disputado de Abejorral
El 10 de enero, la vereda Los Rastrojos, en Abejorral, fue escenario del hallazgo de tres personas asesinadas con arma de fuego.
Aunque las identidades tardaron en confirmarse, el trasfondo era claro: ese territorio es un corredor clave para el tránsito de mercancías y actividades ilegales bajo disputa del Clan del Golfo y la banda “Los Mesa”.
La comunidad había advertido desde hacía meses sobre hombres armados, movimientos nocturnos y presencia de actores criminales disputando el control del Oriente antioqueño.
Noche de terror en Tarso: un ataque que golpeó a la comunidad
Cerrando enero, el municipio de Tarso vivió una de las noches más violentas del año.
En la vereda El Cedrón, hombres armados de la subestructura “Edwin Román Velásquez” del Clan del Golfo ingresaron a varias viviendas, sacaron a las víctimas a la fuerza y las ejecutaron en un espacio público.
Entre las víctimas estaban:
- Elizabeth Zapata Osorno, presidenta de la JAC
- Alonso Cano, su esposo
- Edinsson Molina, un joven de 27 años
El asesinato de una lideresa comunitaria encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos.
Remedios–Yondó: pasajeros secuestrados y asesinados
Días después, otro hecho estremeció al Nordeste. Hombres armados interceptaron un bus de transporte veredal en límites entre Remedios y Yondó.
El 18 de febrero, los cuerpos de tres pasajeros —entre ellos Armando Montero— fueron hallados en el sector conocido como la Y de la Virgen.
La principal hipótesis indica que el Clan del Golfo busca imponer control social y económico sobre las rutas entre ambos municipios.
Tres víctimas más en Titiribí
La masacre más reciente tuvo lugar en la vereda Sabaleta, de Titiribí, donde tres personas fueron sacadas de una finca y ejecutadas en una vía pública. La Policía atribuye el hecho al grupo delincuencial “La Miel”, envuelto en una disputa sangrienta por el microtráfico y las rentas ilícitas del Suroeste antioqueño.
Un 2026 que alarma a defensores y autoridades
El balance es contundente: tres masacres en enero y dos más en febrero.
Cada una de ellas refleja la fragilidad de los territorios rurales frente al avance de estructuras armadas que buscan imponer leyes paralelas.
Organizaciones de derechos humanos temen que, de no ejecutarse acciones urgentes y coordinadas, 2026 podría convertirse en uno de los años más violentos de la última década en Antioquia.