Indignación, temor e impotencia manifestaron desde el departamento de Antioquia los familiares de Cidalys Martínez Quevedo, la mujer de 46 años asesinada en abril de 2025 durante un atraco en el barrio Boston de Magangué (Bolívar).
Familia teme que el caso quede impune
Un año y cuatro meses después del crimen, la decisión del Juzgado 3 Promiscuo Municipal de Magangué de decretar la libertad inmediata de los dos procesados por vencimiento de términos encendió las alarmas de la familia, que califica la medida como una clara revictimización por parte del sistema judicial colombiano.
La mataron por oponerse a un asalto
El hecho ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando la víctima salía de la vivienda de su madre tras una visita familiar. A pocos metros del lugar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta la interceptaron para despojarla de sus pertenencias. Al oponer resistencia, los atacantes la agredieron con arma blanca. A pesar del auxilio inmediato brindado por sus familiares, la mujer llegó al centro médico sin signos vitales.
Detenidos el mismo día con pruebas en su contra
Ese mismo día, las autoridades capturaron a Miguel Ángel Cruz Ruiz, alias "El Chuky" (21 años), y a Pablo José Medina Rojas (19 años), hallando en su poder el arma homicida y las pertenencias de la víctima. Pese a las evidencias y al historial judicial de los imputados; quienes registraban antecedentes por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, el proceso superó los plazos fijados por la ley sin que se definiera su situación jurídica.
“Nos sentimos revictimizados”, dice la familia
Desde Antioquia, donde residen integrantes de su núcleo familiar, allegados expresaron el profundo impacto que esta decisión genera en la tranquilidad y seguridad del hogar.
"Nos sentimos revictimizados porque la justicia de este país le da prioridad a los derechos de los presuntos homicidas. Nos cuestionamos si dos sujetos con estas anotaciones no representan un peligro para la sociedad y si tenemos que vivir con el temor constante de encontrárnoslos en la calle", manifestaron a través de un comunicado emitido por la familia Martínez Quevedo.
Cidalys Martínez se desempeñaba como trabajadora de servicios generales y era el sostén de tres hijos, entre ellos un menor de edad y una hija con condición especial. Mientras la Procuraduría indica que la medida responde al marco del debido proceso, la familia insiste en que el retraso procesal no puede traducirse en impunidad ni en una amenaza latente para la comunidad.
Los allegados hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales superiores y a los organismos de control para que se acelere el juicio de fondo, se adopten las medidas necesarias que garanticen la comparecencia de los procesados y el homicidio de Cidalys no quede impune.