Un total de 189 víctimas del conflicto armado en Antioquia fueron beneficiadas durante este mes de junio con indemnizaciones económicas por más de $2.647 millones de pesos, recursos que buscan contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida y avanzar en los procesos de reparación integral.
Jornada masiva de indemnización en Medellín
La jornada principal se llevó a cabo en Medellín, donde 151 personas recibieron sus pagos en el marco de las acciones adelantadas por la Unidad para las Víctimas. Estas indemnizaciones se otorgaron como medida de reparación por hechos victimizantes como homicidio de familiares, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, tortura y delitos sexuales.
Acompañamiento para el uso de los recursos
Durante la entrega, las víctimas también recibieron orientación sobre el uso adecuado de los recursos, con el fin de garantizar que estos contribuyan a su estabilidad económica y bienestar.
En esta labor participaron entidades como Colpensiones, el SENA, Comfenalco y diversas instituciones de educación superior, que presentaron ofertas en programas de vivienda, formación académica, ahorro, acceso a pensiones y desarrollo de proyectos productivos.
Avances tras 15 años de la Ley de Víctimas
Estas acciones se dan en el marco de los 15 años de vigencia de la Ley de Víctimas, conmemorados el pasado 10 de junio, periodo durante el cual se han destinado importantes recursos para la atención y reparación de las personas afectadas por la violencia en el país.
De acuerdo con el balance oficial, la Unidad para las Víctimas ha invertido 25,85 billones de pesos en Colombia, incluyendo el pago de más de dos millones de indemnizaciones, tanto administrativas como judiciales.
Antioquia, el departamento con mayor número de víctimas
Antioquia se mantiene como el departamento con mayor población victimizada. En este territorio se han entregado más de 416.000 indemnizaciones, con una inversión que supera los 4,95 billones de pesos.
Las autoridades reiteraron que estos procesos buscan no solo la reparación económica, sino también la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas, en articulación con distintas entidades del Estado.