En las últimas horas las autoridades competentes enviaron a la cárcel a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, señalados de participar en un presunto esquema de captación ilegal de dinero que habría recaudado cerca de 200.000 millones de pesos entre 2021 y 2024.
De acuerdo con la investigación, alrededor de 8.000 personas habrían entregado recursos económicos sin recibir las ganancias prometidas ni recuperar el capital invertido.
Según el ente acusador, la operación se habría desarrollado inicialmente a través de una comercializadora y exportadora y posteriormente mediante una cooperativa creada para continuar con la recepción de dinero de inversionistas en distintas regiones del país.
La captación de recursos se habría concentrado principalmente en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, en Antioquia. Sin embargo, la Fiscalía también identificó personas afectadas en departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
Así operaba el presunto esquema
La investigación de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos indica que la estrategia ofrecía dos modalidades de inversión. La primera consistía en una supuesta compra de plátano a productores de la región para su comercialización en mercados nacionales e internacionales, mediante intermediarios encargados de vender el producto a compradores extranjeros.
La segunda modalidad promovía la vinculación de personas como "asociados" o "socios ocultos" a través de contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes realizados, se ofrecía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, presuntamente derivada de las ganancias generadas por la comercialización del producto agrícola.
Antioquia concentra la mayoría de afectados
Las autoridades establecieron que cerca de 8.000 ciudadanos habrían entregado aproximadamente 200.000 millones de pesos. Entre las presuntas víctimas figuran mujeres cabeza de hogar, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores.
Los procesados no aceptaron los cargos
Una de las investigadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro procesado se presentó voluntariamente ante las autoridades.
Durante las audiencias preliminares, una fiscal especializada les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los dos aceptó los cargos. Por decisión de jueces de control de garantías, ambos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia mientras continúa el proceso judicial.