Un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión al exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura contra tres menores de edad.
La Fiscalía reveló que parte de los abusos ocurrieron en los establecimientos penitenciarios de Medellín e Itagüí, donde el excomandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) permaneció recluido antes de ser extraditado a Estados Unidos.
Los abusos ocurrieron entre 2004 y 2006
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2004 y 2006 Giraldo Serna aprovechó su posición como máximo jefe del Frente Resistencia Tayrona para someter a tres niñas de 11 y 12 años a explotación y violencia sexual. Las víctimas eran obligadas a vivir en las fincas donde residía y a visitarlo semanalmente en diferentes centros de reclusión, incluidos los de Medellín e Itagüí, así como en Barranquilla.
Las autoridades establecieron que las menores ingresaban a las cárceles con autorización de la persona encargada de su custodia y, una vez allí, eran víctimas de abusos sexuales y otros actos ilícitos.
La investigación también determinó que una de las adolescentes quedó embarazada a los 14 años y fue obligada a abortar por orden del hoy condenado, mientras que otra dio a luz como consecuencia de los abusos. Además, una de las víctimas, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue sometida a condiciones de servidumbre.
Aceptó los cargos y el caso fue declarado de lesa humanidad
La Fiscalía indicó que el proceso fue declarado de lesa humanidad, por lo que los hechos son imprescriptibles. Posteriormente, durante las audiencias preparatorias realizadas en 2025, Giraldo Serna aceptó su responsabilidad y se acogió a sentencia anticipada.
Además de la pena privativa de la libertad, el exjefe paramilitar fue condenado al pago de una multa equivalente a 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006. Por último, se recordó que, aunque fue postulado a la Ley de Justicia y Paz en 2006, posteriormente fue excluido por incumplir los compromisos establecidos en ese mecanismo judicial.
Preguntas y respuestas
¿Por qué fue condenado Hernán Giraldo Serna?
El exjefe paramilitar fue condenado por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura contra tres menores de edad. La sentencia, proferida por un juzgado penal de Santa Marta, le impuso una pena de 20 años, 11 meses y 24 días de prisión, además de una multa económica.
¿Cómo ocurrieron los hechos investigados por la Fiscalía?
Según la investigación, entre 2004 y 2006 Giraldo Serna utilizó su poder como jefe del Frente Resistencia Tayrona de las AUC para someter a tres niñas de 11 y 12 años a explotación y violencia sexual. Las menores eran obligadas a permanecer en sus fincas y a visitarlo periódicamente en los centros penitenciarios donde estaba recluido, incluidos los de Medellín e Itagüí.
¿Qué establecieron las autoridades sobre las víctimas?
La Fiscalía determinó que una de las adolescentes quedó embarazada cuando tenía 14 años y fue obligada a abortar por orden del exparamilitar. Otra de las víctimas dio a luz como consecuencia de los abusos sexuales y una tercera, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue sometida a condiciones de servidumbre y explotación.
¿Qué ocurrió durante el proceso judicial?
El caso fue declarado de lesa humanidad, por lo que los delitos no prescriben. Durante las audiencias preparatorias realizadas en 2025, Hernán Giraldo Serna aceptó su responsabilidad y se acogió a una sentencia anticipada, lo que permitió avanzar hacia la condena emitida por el juzgado.
¿Qué otras sanciones recibió el exjefe paramilitar?
Además de la condena de prisión, el juzgado le impuso el pago de una multa equivalente a 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2006. La Fiscalía también recordó que Giraldo Serna fue excluido del proceso de Justicia y Paz por incumplir los compromisos exigidos dentro de ese mecanismo de justicia transicional.