La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez de conocimiento de Medellín a cinco expatrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Los exuniformados son señalados de exigir dinero a comerciantes de la capital antioqueña bajo la amenaza de incautar sus mercancías, utilizando el falso argumento de que se trataba de contrabando.
Durante la audiencia de acusación, el ente investigador imputó a los exservidores el delito de concusión. Las pesquisas revelaron que las sumas exigidas no eran menores, pues oscilaban entre los 4 y los 40 millones de pesos por cada extorsión realizada.
Con el propósito de evadir controles, los entonces patrulleros operaban tanto uniformados como de civil, empleando una modalidad específica para blindarse legalmente: recibían los pagos en los baños de los establecimientos comerciales. De esta manera, evitaban ser captados por las cámaras de videovigilancia y eliminaban cualquier registro visual del ilícito.
En cuanto a los implicados, la justicia identificó a Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas. Según reportó la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, estos hechos ocurrieron de manera sistemática entre agosto de 2021 y agosto de 2022.
Por el momento, cuatro de los procesados permanecen privados de la libertad, mientras que Yessica Marcela Mesa Cárdenas se encuentra prófuga con una orden de captura vigente. El proceso judicial seguirá su curso para establecer la responsabilidad penal definitiva de los señalados en esta red de corrupción que golpeó al gremio comercial de la ciudad.
Hace una semana se incautaron cigarrillos de contrabando
En un operativo desplegado en la comuna 16 (Belén), el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Antioquia logró la incautación de 236.000 cajetillas de cigarrillos que pretendían ser comercializadas ilegalmente. La mercancía, que no contaba con la documentación legal requerida para su distribución, fue valorada comercialmente en más de 1.260 millones de pesos.
Esta acción no solo frena el comercio ilícito en Medellín, sino que evidencia un fuerte golpe a las finanzas del departamento. Según explicó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación, esta actividad ilegal representa una pérdida de 1.172 millones de pesos por concepto de impuesto al consumo, recursos que dejan de invertirse en sectores clave como salud y deporte.
Las autoridades precisaron que el decomiso se dio tras verificar que el cargamento carecía de los soportes legales y la estampilla correspondiente. Tras el procedimiento, el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su posterior destrucción, mientras se investiga la procedencia de la red de distribución en esta zona del suroccidente de la ciudad.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia reiteró el llamado a comerciantes y ciudadanos para que exijan siempre la documentación legal de los productos. Comprar o vender mercancía de contrabando no solo acarrea sanciones económicas y el cierre de establecimientos, sino que alimenta economías criminales que afectan la seguridad regional.