Condena

Quedaron viviendo en la "casa del aire": 200 familias resultaron estafadas con proyecto inmobiliario en Bello

Un juez condenó a más de 9 años a dos personas responsables de la construcción de la torre de apartamentos

Alcaldía del municipio de Bello Imagen de construcciones ilegales en Bello

Un juez penal de conocimiento condenó a 9 años y 5 meses de prisión a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio tras hallarlos culpables del delito de estafa agravada en modalidad masa. La pareja engañó a por lo menos 200 familias en el Valle de Aburrá, despojándolas de más de 500 millones de pesos mediante la venta irreal de viviendas de interés social.

Las víctimas, provenientes de Bello y municipios vecinos, entregaron sus ahorros entre 2015 y 2018 creyendo que accederían a un inmueble propio y a un subsidio gubernamental superior a los 13 millones de pesos.

Para generar confianza, los hoy sentenciados promocionaron un supuesto proyecto de 804 apartamentos en el barrio Pachelly, respaldándose fraudulentamente en una constructora legalmente constituida y utilizando nombres de otros desarrollos urbanísticos reales.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía Seccional Medellín demostraron que la obra nunca contó con licencias de las curadurías ni de la oficina de planeación municipal, siendo inviable desde su origen. Pese a esto, los afectados firmaron contratos de compraventa cuyos pagos y anticipos terminaron en las cuentas bancarias de la constructora y en las cuentas personales de los condenados.

¿Como evitar ser engañado en una estafa inmobiliaria?

Comprar o alquilar una vivienda representa uno de los compromisos financieros más trascendentales para cualquier familia, pero también se ha convertido en el terreno propicio para redes inescrupulosas de estafadores.

En la actualidad, las modalidades de fraude abarcan desde la suplantación de identidad de los propietarios reales hasta la venta de proyectos residenciales sobre planos que carecen de todo permiso legal. Frente a esta amenaza, los especialistas en derecho inmobiliario coinciden en que la prevención exhaustiva y la verificación rigurosa de documentos son las únicas herramientas efectivas para salvaguardar el patrimonio.

La primera señal de alarma suele ser el precio: cuando una propiedad se ofrece entre un 30% y un 50% por debajo del valor promedio del mercado en la zona, es altamente probable que se trate de un gancho engañoso.

A esto se suma la constante presión psicológica ejercida por los falsos vendedores, quienes exigen adelantos o reservas económicas inmediatas con el pretexto de que existen múltiples interesados.

Asimismo, la negativa a mostrar el inmueble en persona o la exigencia de realizar transferencias bancarias a cuentas de personas naturales en lugar de entidades fiduciarias o corporativas deben interpretarse como alertas definitivas para suspender cualquier negociación.

Para blindar la transacción, el interesado debe exigir y examinar detenidamente un paquete básico de datos y documentos legales. El más importante es el Certificado de Tradición y Libertad, un documento emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que revela el historial del inmueble, quién es su verdadero titular y si pesan sobre él embargos, hipotecas o pleitos judiciales.

Este folio debe contrastarse directamente con la Escritura Pública y con la cédula de ciudadanía del vendedor. En caso de que intervenga un apoderado o intermediario, resulta indispensable validar la autenticidad del poder notarial antes de firmar cualquier compromiso.

Del mismo modo, la situación urbanística y tributaria del inmueble no puede pasarse por alto. Si la compra corresponde a una vivienda sobre planos o a un proyecto nuevo, es obligatorio solicitar la Licencia de Construcción aprobada por la Curaduría Urbana y verificar que la obra cuente con el respaldo de una fiducia mercantil encargada de administrar los fondos. Para propiedades usadas, se debe solicitar el Paz y Salvo del Impuesto Predial y la certificación de cancelación de cuotas de administración, evitando así heredar deudas de propietarios anteriores.

¿En qué consistió la estafa realizada a los habitantes de Bello y municipios vecinos entre 2015 y 2018?

Los estafadores promocionaron un falso proyecto de 804 apartamentos en el barrio Pachelly, respaldándose de forma fraudulenta en el nombre de una constructora legal y otros proyectos reales. Engañaron a las víctimas prometiéndoles vivienda propia y un subsidio gubernamental de más de 13 millones de pesos para recibir sus ahorros y anticipos en cuentas personales y de la empresa.

¿Por qué la Fiscalía Seccional Medellín determinó que el proyecto del barrio Pachelly era inviable desde su origen?

La investigación comprobó que la obra jamás tuvo licencias expedidas por las curadurías ni autorizaciones de la oficina de planeación municipal, por lo que carecía de cualquier sustento legal o técnico para ejecutarse.

¿Cuáles son las principales señales de alarma para sospechar de una estafa inmobiliaria?

Las alertas clave son la oferta de inmuebles con precios entre 30% y 50% por debajo del valor de mercado, la presión constante para hacer entregas de dinero inmediatas, la excusa de no poder mostrar la propiedad en persona y la petición de transferir fondos a cuentas de personas naturales.

¿Qué es el Certificado de Tradición y Libertad y por qué resulta indispensable?

Es un documento oficial expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que muestra la historia legal de la propiedad. Permite confirmar la identidad del dueño legítimo y verificar si sobre el inmueble pesan embargos, hipotecas o procesos judiciales.